La industria de la confitería de Estados Unidos intensificó su campaña ante el Congreso para frenar el avance de las restricciones al azúcar y a los alimentos ultraprocesados. Su ofensiva apunta tanto a las nuevas directrices alimentarias federales como a las regulaciones aprobadas por distintos estados. Hace algunas semanas, la Asociación Nacional de Confiteros (NCA), encabezada por su presidente y director ejecutivo John Downs, presentó a legisladores en Washington sus argumentos sobre el impacto económico del sector.
Según la organización, la industria de golosinas sostiene alrededor de 700.000 empleos en manufactura, agricultura, transporte y comercio minorista, y cada puesto en fabricación genera otros 11 en la economía estadounidense. El gremio acompaña su estrategia con campañas de comunicación como “Ese es el poder del dulce” y “Dulce Tierra de la Libertad”, esta última vinculada a los 250 años de la independencia del país.
El punto de mayor tensión son las Guías Alimentarias para Estadounidenses 2025-2030, publicadas en enero. El documento recomienda evitar las bebidas azucaradas, establece que ninguna cantidad de azúcar añadido forma parte de una dieta saludable y fija como referencia un máximo de 10 gramos de azúcar añadido por comida. Para categorías específicas, los límites siguen la definición de “saludable” de la FDA: los cereales no deberían superar 5 gramos por onza equivalente y el yogur, 2,5 gramos por taza equivalente. Las guías también recomiendan limitar los ultraprocesados.
La industria sostiene que las directrices no deberían pronunciarse sobre el azúcar ni los ultraprocesados, y argumenta que el consumo de dulces es moderado: según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, ronda los 10 gramos diarios por persona. Los datos federales sobre las fuentes de azúcar añadido en la dieta estadounidense ubican primero a las bebidas azucaradas, con 24%. Les siguen los postres y dulces con 19%, el café y té endulzados con 11%, los caramelos y azúcares con 9%, y los cereales y barras de desayuno con 7%.
El segundo frente es estatal. Varios estados han aprobado restricciones a ingredientes, requisitos de etiquetado de advertencia y prohibiciones de colorantes y aditivos, con criterios que no siempre coinciden entre sí. Para los fabricantes, este mosaico regulatorio genera incertidumbre, encarece las cadenas de suministro y dificulta las inversiones de largo plazo, porque un mismo producto puede requerir formulaciones o etiquetas distintas según el estado de destino. Por eso el sector impulsa un estándar federal que unifique las reglas.
Los críticos, en cambio, señalan que la industria evita discutir los ingredientes y que las golosinas, por su composición, encajan en la categoría de ultraprocesados. También advierten que, sin políticas concretas que apliquen las recomendaciones, las directrices tendrán un efecto limitado. Además, atribuyen al cabildeo que no exista una definición oficial de ultraprocesados ni límites a la publicidad de alimentos azucarados.
Por ahora, el gobierno federal no ha anunciado medidas obligatorias derivadas de las nuevas guías. Su impacto inmediato se concentra en los programas públicos de alimentación, como los comedores escolares, y en la presión reputacional sobre las marcas.
Para los proveedores latinoamericanos de azúcar, cacao, saborizantes y otros ingredientes, el debate en Estados Unidos resulta relevante. Si se acelera la reformulación hacia menos azúcar añadido, podría cambiar la demanda de insumos tradicionales. También se abrirían oportunidades para edulcorantes alternativos, fibras y soluciones de textura capaces de mantener el perfil sensorial de los productos.
El enlace es una columna de opinión, no una noticia, y trata de Estados Unidos, no de Panamá. Escribí la nota como información del sector y presenté la postura de la industria y la de sus críticos sin tomar partido. Dejé fuera las opiniones políticas del columnista.
